Algunas reflexiones sobre los vouchers educativos

Nuestro sistema educativo, con piedra fundacional en la ley 1420 de educación común, gratuita, obligatoria y laica, brinda fondos públicos a todos los establecimientos que ofrecen educación pública de gestión estatal. Así se conforma un sistema diverso, plural y federal que reconoce el valor de la educación para contribuir a disminuir las injusticias y las formas de exclusión que atraviesan grandes sectores sociales. La reforma educativa basada en el uso de vouchers educativos implicaría resquebrajar todo el sistema de educación pública, otorgando los subsidios a los estudiantes y sus familias, en lugar de a las escuelas. Todo esto acompañado de la eliminación de la obligatoriedad escolar, que traería aparejado la eliminación de una de las formas de protección más elementales de los derechos de las infancias y las juventudes, acrecentando los índices de analfabetismo, desigualdad y exclusión.
¿Cuál sería el objetivo? Desde la lógica de mercado, se supone que las familias tendrían la posibilidad de elegir la escuela para sus hijos/as, y los espacios educativos se verían obligados a competir y “mejorar” sus resultados en busca de la mayor cantidad de alumnas/os, ya que de no cubrir la matrícula necesaria para lograr la rentabilidad de la institución, las escuelas cerrarían sus puertas.
Sabemos que estas lógicas mercantilistas suponen que la escuela debe reformarse para ser funcional al ajuste económico y la racionalización del gasto, contribuyendo así a reforzar la fragmentación del sistema.
Es importante que las fuerzas políticas propongan condiciones equitativas que garanticen derechos, con acciones concretas que posibiliten revertir los procesos de creciente desigualdad, empobrecimiento y exclusión social que atraviesan hoy un alto porcentaje de las infancias, así como las/os docentes que enseñan en las escuelas argentinas. Debemos tomar conciencia que la eliminación del derecho a la educación implicaría la destrucción de una de las instituciones fundamentales para garantizar un orden democrático que se asienta en la justicia y en la igualdad.